El Ministerio del Trabajo ha presentado un proyecto de decreto mediante el cual se propone expedir un nuevo Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, que sustituiría el establecido mediante el Decreto 1507 de 2014.
Después de 12 años de aplicación del actual manual, Colombia plantea una actualización de los criterios técnicos, científicos y metodológicos utilizados para determinar las consecuencias de las enfermedades y los accidentes sobre la capacidad laboral y ocupacional de las personas.
La iniciativa representa una oportunidad para avanzar hacia procesos de calificación más integrales, objetivos, equitativos y ajustados a los avances del conocimiento científico, la jurisprudencia colombiana y los referentes internacionales.
Sin embargo, su eventual implementación también plantea importantes desafíos para las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), las administradoras de fondos de pensiones, las aseguradoras, las juntas de calificación de invalidez y los profesionales responsables de estos procesos.
¿POR QUÉ ERA NECESARIO ACTUALIZAR EL MANUAL?
El artículo 44 del Decreto Ley 1295 de 1994 establece que la tabla de valuación de incapacidades deberá ser revisada y actualizada por el Gobierno Nacional como mínimo una vez cada cinco años.
A pesar de esta disposición, han transcurrido 12 años desde la expedición del Decreto 1507 de 2014, periodo durante el cual se han producido importantes avances en el diagnóstico de enfermedades, las alternativas terapéuticas, la rehabilitación, la evaluación del funcionamiento humano y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
La aparición de nuevas condiciones de salud, los avances en genética y medicina de precisión, el desarrollo de tecnologías sanitarias y la mayor supervivencia de pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas y huérfanas hacen necesario revisar los instrumentos utilizados para determinar la pérdida de capacidad laboral y ocupacional.
La actualización del manual no debería entenderse simplemente como una modificación de tablas y porcentajes, sino como una oportunidad para mejorar la calidad técnica y humana de los procesos de calificación.
- DEL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD A LA VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el fortalecimiento del enfoque biopsicosocial, fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), desarrollada por la Organización Mundial de la Salud.
Este enfoque reconoce que las consecuencias de una enfermedad no dependen exclusivamente de las alteraciones anatómicas, fisiológicas o mentales que presenta una persona, sino también de la interacción entre su condición de salud, sus capacidades funcionales y el entorno en el cual desarrolla sus actividades.
En consecuencia, la valoración integral deberá considerar aspectos como:
- Deficiencias de las estructuras y funciones corporales.
- Limitaciones para realizar actividades de la vida cotidiana.
- Restricciones en la participación laboral, familiar y social.
- Capacidad funcional.
- Desempeño laboral y ocupacional.
- Factores ambientales y personales.
- Barreras y facilitadores del entorno.
Dos personas con una misma enfermedad, e incluso con deficiencias clínicas similares, pueden experimentar consecuencias funcionales, laborales y ocupacionales diferentes.
Tener el mismo diagnóstico no significa necesariamente tener la misma pérdida de capacidad laboral.
Aunque el enfoque integral no es completamente nuevo en la regulación colombiana, el proyecto busca fortalecer su aplicación y precisar los conceptos que deben orientar la valoración.
- INCORPORACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-11
El proyecto contempla la actualización del marco diagnóstico de referencia mediante la incorporación de la undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2019 y cuya entrada en vigor a nivel internacional se produjo el 1 de enero de 2022.
Esta actualización busca favorecer la estandarización de los diagnósticos, mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud y facilitar la incorporación de los avances del conocimiento científico.
Entre sus potenciales beneficios se encuentran una mayor precisión en la identificación de las condiciones de salud, el reconocimiento de nuevas entidades clínicas y el fortalecimiento de la calidad de la información utilizada en los procesos de valoración.
Un aspecto expresamente mencionado en el proyecto es la incorporación de la condición de salud posterior a COVID-19, reconociendo que algunos pacientes pueden presentar manifestaciones persistentes con repercusiones sobre su funcionamiento y desempeño laboral.
La actualización diagnóstica, sin embargo, deberá acompañarse de estrategias de formación del talento humano y de adecuación de los sistemas de información utilizados por las entidades responsables de la calificación.
- FECHA DE ESTRUCTURACIÓN: UN CAMBIO DE ESPECIAL IMPORTANCIA PARA LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CONGÉNITAS, CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS
Uno de los elementos de mayor trascendencia clínica, jurídica y social del proyecto corresponde a la determinación de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral.
Esta fecha identifica el momento en el cual una persona alcanza un determinado porcentaje de pérdida de capacidad laboral u ocupacional como consecuencia de una enfermedad o accidente.
Para efectos de establecer el estado de invalidez, corresponde al momento en el cual dicha pérdida alcanza o supera el 50 %.
El proyecto establece que esta determinación deberá fundamentarse en una valoración integral, considerando la historia clínica, los exámenes clínicos, las ayudas diagnósticas y los demás elementos técnicos pertinentes.
Cuando no exista suficiente información clínica, podrán considerarse la historia natural de la enfermedad y otros medios de valoración científica idóneos.
Particularmente, en las enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas deberán observarse las reglas jurisprudenciales relacionadas con la evolución de la enfermedad y la capacidad laboral residual.
En estos casos, la fecha de estructuración no podrá establecerse automáticamente a partir de:
- La fecha de nacimiento.
- La fecha del diagnóstico.
- La aparición de los primeros síntomas.
Esta precisión resulta especialmente relevante para las personas con enfermedades huérfanas, patologías genéticas, enfermedades neuromusculares y condiciones neurodegenerativas, algunas de las cuales pueden conservar durante años una capacidad laboral que les permite desarrollar actividades productivas.
Una persona puede haber nacido con una enfermedad genética, recibir su diagnóstico durante la infancia y lograr incorporarse posteriormente al mercado laboral, conservando durante varios años su independencia económica.
Establecer automáticamente la fecha de estructuración desde el nacimiento o desde el diagnóstico podría desconocer su trayectoria laboral efectiva y su capacidad funcional durante ese periodo.
El momento en el cual aparece una enfermedad no necesariamente corresponde al momento en que se configura el estado de invalidez.
El proyecto incorpora expresamente criterios que han sido desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente alrededor del concepto de capacidad laboral residual.
- MEJORÍA MÉDICA MÁXIMA: LA IMPORTANCIA DE LOS RESULTADOS DE LA REHABILITACIÓN
El proyecto precisa el concepto de Mejoría Médica Máxima (MMM), entendida como la condición clínica, certificada por el equipo tratante, en la cual una persona ha alcanzado el mayor grado de recuperación funcional esperado después de recibir los tratamientos y procesos de rehabilitación pertinentes y disponibles.
En este momento, las secuelas se consideran estabilizadas y no se espera una recuperación funcional adicional significativa a corto o mediano plazo.
Esta definición adquiere especial importancia porque la valoración de la pérdida de capacidad laboral debe considerar los resultados obtenidos mediante las intervenciones terapéuticas y de rehabilitación.
Desde la perspectiva de la calidad de la atención en salud, surgen varios interrogantes:
- ¿QUÉ SUCEDERÁ CON LAS ENFERMEDADES QUE NO ESTÉN CONTEMPLADAS EN EL MANUAL?
El artículo 5 del proyecto establece una disposición de especial interés para los profesionales responsables de la calificación.
Cuando una patología o diagnóstico no se encuentre expresamente contemplado en el manual y no sea posible su homologación directa, podrán utilizarse los criterios técnicos y metodológicos correspondientes a condiciones de salud clínicamente equivalentes, siempre que exista una justificación científica suficiente.
Para sustentar esta interpretación podrán consultarse instrumentos científicos nacionales e internacionales reconocidos.
Sin embargo, estos instrumentos tendrán un carácter auxiliar y no podrán utilizarse para modificar arbitrariamente las tablas, porcentajes, criterios de ponderación y demás disposiciones obligatorias del manual.
La decisión deberá estar debidamente motivada, identificando los criterios técnicos y científicos utilizados.
Esta disposición resulta particularmente relevante frente a las enfermedades de baja prevalencia, las condiciones clínicas emergentes y las patologías que presentan manifestaciones complejas o poco frecuentes.
El desconocimiento de una enfermedad o su ausencia expresa dentro del manual no debería traducirse en una barrera para garantizar una valoración técnicamente adecuada.
- CALIFICACIÓN INTEGRAL Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS DICTÁMENES
El proyecto reitera la necesidad de realizar una valoración completa e integral de las condiciones de salud de las personas.
Esta disposición se fundamenta, entre otros referentes, en las sentencias C-425 de 2005 y T-518 de 2011 de la Corte Constitucional.
La valoración no debería limitarse al análisis aislado de una enfermedad o accidente, desconociendo otras condiciones de salud que puedan contribuir al deterioro funcional de la persona.
Adicionalmente, el artículo 3 establece que toda calificación deberá contener los fundamentos de hecho, de derecho y técnico-científicos que justifiquen sus conclusiones, garantizando el debido proceso y el derecho de contradicción.
Esto implica que un dictamen de pérdida de capacidad laboral no debería limitarse a presentar una relación de diagnósticos y porcentajes.
Debe permitir comprender las razones clínicas, funcionales, técnicas y jurídicas que fundamentan la decisión adoptada.
Desde la perspectiva de la auditoría en salud, este aspecto representa una importante oportunidad para evaluar la calidad, consistencia, trazabilidad y reproducibilidad de los dictámenes.
Asignar un porcentaje es una parte del proceso; demostrar técnicamente por qué se asigna ese porcentaje constituye una garantía para las personas evaluadas.
- ¿A QUIÉNES LES APLICARÍA EL NUEVO MANUAL?
El proyecto contempla su aplicación a los habitantes del territorio nacional y a los trabajadores de los sectores público y privado, independientemente de su modalidad de vinculación laboral, ocupación, edad, origen de la discapacidad o condición de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral.
No obstante, establece excepciones para determinados grupos sujetos a regímenes particulares, entre ellos:
- Miembros uniformados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
- Determinado personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990.
- Miembros no remunerados de las corporaciones públicas.
- Trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos, en los términos previstos en el proyecto.
- Afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Igualmente, contempla disposiciones especiales para la calificación de invalidez de los aviadores civiles.
El alcance del manual deberá interpretarse teniendo en cuenta las excepciones y los regímenes jurídicos aplicables a cada población.
- IMPLICACIONES PARA LOS DIFERENTES ACTORES DEL SISTEMA DE SALUD
La eventual expedición del nuevo manual exigirá una preparación institucional que vaya más allá de la actualización de documentos y procedimientos.
Entidades Promotoras de Salud (EPS)
Deberán revisar sus procesos de gestión de incapacidades prolongadas, acceso a tratamientos, rehabilitación integral, seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas y articulación con las entidades responsables de la calificación.
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)
Deberán fortalecer la calidad de los registros clínicos, la descripción de las secuelas, las evaluaciones funcionales, la documentación de los resultados terapéuticos y la fundamentación de los conceptos emitidos por los profesionales tratantes.
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)
Será importante fortalecer los programas de rehabilitación integral, la evaluación de las capacidades funcionales, el análisis de las exigencias ocupacionales y los procesos de reintegro o reubicación laboral.
Administradoras de fondos de pensiones y aseguradoras
Deberán revisar la consistencia de sus procesos de valoración, particularmente en lo relacionado con la fecha de estructuración, la capacidad laboral residual y la fundamentación de las decisiones.
Juntas de calificación de invalidez
La actualización del manual plantea la necesidad de fortalecer la formación científica de los calificadores, la estandarización de criterios, la concordancia entre evaluadores y la calidad técnica de los dictámenes.
Empleadores
Será necesario continuar fortaleciendo las estrategias de reincorporación laboral, ajustes razonables, adaptación de puestos de trabajo y aprovechamiento de las capacidades funcionales conservadas por los trabajadores.
Profesionales de auditoría y calidad en salud
La propuesta representa una oportunidad para incorporar criterios de evaluación relacionados con la oportunidad, integralidad, pertinencia, efectividad y trazabilidad de los procesos asistenciales y administrativos que intervienen en la calificación de pérdida de capacidad laboral.
- ¿CÓMO MEDIR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE CALIFICACIÓN?
ACTUALISALUD propone que las entidades involucradas consideren la implementación de indicadores que permitan evaluar no solamente el cumplimiento de los requisitos normativos, sino también los resultados obtenidos.
Entre los indicadores sugeridos se encuentran:
- Tiempo promedio entre la solicitud y la emisión del dictamen.
- Porcentaje de calificaciones realizadas dentro de los términos legales aplicables.
- Porcentaje de dictámenes con fundamentación clínica, técnica y jurídica completa.
- Porcentaje de dictámenes controvertidos.
- Porcentaje de dictámenes modificados por deficiencias técnicas o documentales.
- Concordancia entre evaluadores.
- Tiempo de acceso a los servicios de rehabilitación.
- Porcentaje de pacientes con evaluación funcional documentada.
- Tasa de reincorporación laboral efectiva.
- Costos asociados a reprocesos administrativos y asistenciales.
- Satisfacción de los usuarios frente al proceso de calificación.
Estos indicadores constituyen una propuesta de gestión de ACTUALISALUD y no corresponden a exigencias expresamente establecidas en el articulado del proyecto de decreto.
Su implementación permitiría identificar oportunidades de mejoramiento y evaluar si el nuevo instrumento logra traducirse en mayor calidad, oportunidad y eficiencia.
- ¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGENCIA EL NUEVO MANUAL?
De acuerdo con el artículo 6 del proyecto, el nuevo Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional entraría en vigencia seis meses después de la publicación del decreto definitivo.
Su aplicación correspondería a los procedimientos, actuaciones, dictámenes y procesos de calificación iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia.
Los procedimientos, exámenes, pruebas, dictámenes y recursos de reposición y apelación que se encuentren en curso continuarían bajo los parámetros establecidos en el Decreto 1507 de 2014.
El artículo 7 contempla la derogatoria del Decreto 1507 de 2014 y de las demás disposiciones que resulten contrarias al nuevo decreto.
Es fundamental recordar que el documento analizado corresponde a un proyecto normativo y, por lo tanto, sus disposiciones pueden experimentar modificaciones antes de su expedición definitiva.