El Decreto 780 de 2016 (Decreto Único y Reglamentario del Sector Salud y la Protección Social), en sus artículos 2.5.3.5.1 y 2.5.3.5.2, establece los criterios para la fijación de los incrementos de los servicios de salud acordados entre los pagadores e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
El mismo Decreto establece que en los casos en que no se logre un acuerdo entre las partes, el incremento de los servicios de salud, se realizará teniendo en cuenta el IPC, que para el año 2017 sería del 5.5% con respecto a las tarifas del 2016; buena intención pero en la realidad difícil de cumplirse, teniendo en cuenta que la normativa establece que primarán los acuerdos de voluntades entre las partes.