Artículo de análisis y opinión | 25 de octubre de 2026 | John Jairo Granda Arcila M.D. | Gerente – Consultor – Asesor ACTUALISALUD
La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia, el 7 de agosto de 2026, estuvo acompañada de expectativas de recuperación del sistema de salud. Después de años de confrontación entre el Gobierno nacional, las entidades promotoras de salud (EPS), los prestadores, el talento humano y diferentes actores del sector, se esperaba que la nueva administración avanzara rápidamente en la estabilización financiera y en la recuperación del acceso a los servicios. Sin embargo, cuando se aproximan los primeros tres meses de gobierno, surge una pregunta inevitable: ¿por qué los cambios en el sistema de salud parecen avanzar más lentamente de lo que muchos esperábamos?
La respuesta no puede limitarse a señalar las dificultades heredadas del gobierno anterior. Aunque estas existen y han sido documentadas, también corresponde examinar las decisiones adoptadas, la velocidad de ejecución, la disponibilidad de recursos y la capacidad de transformar los anuncios gubernamentales en resultados que verdaderamente lleguen a los pacientes. En este escenario adquiere especial relevancia la figura de Ana María Vesga, actual ministra de Salud y Protección Social, quien hasta julio de 2026 se desempeñó como presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), uno de los gremios más importantes del aseguramiento en salud. Su trayectoria plantea un interrogante que merece un análisis serio: ¿qué ocurre cuando quien cuestionaba las decisiones gubernamentales desde la representación de las EPS pasa a ser responsable de adoptar esas mismas decisiones desde el Ministerio de Salud?
DEL CAMBIO PROMETIDO A LA REALIDAD DE GOBERNAR
Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella manifestó su intención de recuperar la estabilidad del sistema, mejorar el flujo de recursos, garantizar la entrega de medicamentos y superar las barreras que durante los últimos años han deteriorado la oportunidad y continuidad de la atención. Estas propuestas generaron expectativas entre pacientes, profesionales de salud, prestadores y aseguradores. El nombramiento de Ana María Vesga fue interpretado por diferentes sectores como una señal de acercamiento al conocimiento técnico y a la experiencia del aseguramiento; su trayectoria en ACEMI y en el sector farmacéutico representaba, para algunos, la posibilidad de superar la confrontación que caracterizó buena parte de la discusión sanitaria del gobierno anterior. pero conocer los problemas del sistema y tener la responsabilidad de resolverlos son dos situaciones profundamente diferentes.
Desde una organización gremial es posible formular diagnósticos, advertir riesgos, cuestionar decisiones y exigir soluciones. Desde el Ministerio, en cambio, esas propuestas deben convertirse en actos administrativos, decisiones presupuestales, mecanismos de vigilancia y resultados verificables. Es precisamente en esa transición donde aparecen las primeras tensiones.
¿QUÉ HA CAMBIADO REALMENTE EN EL SECTOR SALUD?
Sería incorrecto afirmar que durante los primeros meses del nuevo Gobierno no se han adoptado medidas. El 21 de septiembre de 2026 se anunció un Plan de Choque en Salud orientado a resolver atenciones represadas, priorizando pacientes con enfermedades de alto riesgo y tratamientos pendientes. El Gobierno identificó 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes, una cifra que evidencia la magnitud de las barreras de acceso que enfrenta el país. El plan contempla seguimiento individual, participación de las EPS, vigilancia institucional y mecanismos extraordinarios de financiación para recuperar la atención.
Según el reporte del Ministerio de Salud del 15 de octubre, con corte al 5 de octubre de 2026, aproximadamente 273.000 pacientes habían registrado entregas de medicamentos. También se reportaron 168.422 procedimientos resueltos. El avance acumulado en las cantidades de medicamentos pendientes alcanzaba el 39,2 %.
Son resultados que deben reconocerse. No obstante, también muestran que una proporción importante de las necesidades inicialmente identificadas continuaba pendiente de resolución. Además, los indicadores de medicamentos entregados, procedimientos resueltos y pacientes atendidos deben analizarse cuidadosamente, evitando confundir unidades dispensadas, servicios realizados y personas efectivamente beneficiadas. La ejecución de un plan de choque no debe medirse únicamente por el número de actividades realizadas, sino por su capacidad de eliminar barreras y restablecer de manera sostenida la continuidad de los tratamientos. Un paciente que recibe un medicamento pendiente, pero vuelve a enfrentar problemas de dispensación al mes siguiente, no necesariamente ha experimentado una solución estructural. Lo mismo ocurre con un procedimiento finalmente autorizado cuando persisten las deficiencias de contratación, programación o disponibilidad de profesionales.
LA CRISIS FINANCIERA: DEL DIAGNÓSTICO A LA DIFICULTAD DE CONSEGUIR RECURSOS
Uno de los principales cuestionamientos formulados desde ACEMI durante la administración anterior estuvo relacionado con la suficiencia de los recursos del aseguramiento, especialmente con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El gremio advirtió reiteradamente que una financiación insuficiente podía comprometer el pago a prestadores, la entrega de medicamentos y la sostenibilidad de las EPS. Ese planteamiento adquirió relevancia durante la confrontación con el gobierno de Gustavo Petro, cuando existían posiciones profundamente distintas sobre las causas de la crisis financiera.
Mientras ACEMI insistía en la necesidad de mejorar la financiación, el Ministerio de Salud de entonces cuestionaba el manejo de los recursos por parte de las EPS y reclamaba mayor transparencia. Hoy, bajo la administración de Abelardo de la Espriella, el problema financiero continúa ocupando un lugar central. La diferencia es que Ana María Vesga ya no representa a quienes solicitan recursos: ahora integra el Gobierno que debe decidir cómo financiarlos, distribuirlos y controlar su utilización. En septiembre de 2026 se conoció que la ministra buscaba recursos adicionales para el presupuesto de salud de 2027, en medio de restricciones fiscales que dificultaban materializar plenamente los compromisos gubernamentales.
Lo que desde ACEMI podía formularse como una exigencia de financiación, desde el Ministerio debe transformarse en una decisión fiscal sostenible. Y allí aparece una realidad que posiblemente fue subestimada en las expectativas iniciales: recuperar el sistema de salud requiere recursos, pero también información confiable, control del gasto, eficiencia operacional y decisiones estructurales. La suficiencia financiera no puede analizarse de manera independiente de la calidad del gasto. Tampoco sería razonable sostener que todos los problemas se resolverán únicamente incrementando la UPC, sin revisar simultáneamente la gestión del riesgo, los costos administrativos, las ineficiencias, las obligaciones acumuladas y la utilización efectiva de los recursos públicos.
ANA MARÍA VESGA: ¿DUALIDAD DE PENSAMIENTO O CAMBIO DE RESPONSABILIDAD?
La presencia de una expresidenta de ACEMI al frente del Ministerio de Salud constituye uno de los acontecimientos más interesantes de la nueva administración. Durante su gestión gremial, Vesga defendió públicamente la importancia del aseguramiento, la sostenibilidad financiera de las EPS y la necesidad de garantizar recursos suficientes para atender a los afiliados. Su posición fue crítica frente a diferentes decisiones del gobierno anterior. Ahora, como ministra, debe asumir una responsabilidad sustancialmente más amplia: garantizar el derecho fundamental a la salud, promover el uso adecuado de los recursos públicos, vigilar el funcionamiento del sistema y adoptar decisiones que pueden afectar tanto a los aseguradores como a los prestadores y proveedores.
La pregunta no es si una persona puede modificar sus posiciones cuando cambia de cargo. Naturalmente puede hacerlo, especialmente cuando dispone de nueva información o asume responsabilidades diferentes. El verdadero asunto es si existe coherencia entre los diagnósticos que formuló desde el gremio y las decisiones que está adoptando desde el Gobierno.
Cuando presidía ACEMI, la prioridad de su representación institucional estaba vinculada a los intereses y preocupaciones de las EPS afiliadas. Como ministra, su prioridad debe ser el interés general, esto implica reconocer que la sostenibilidad de los aseguradores es importante, pero no puede convertirse en un objetivo superior a la protección de los pacientes, el pago oportuno a la red prestadora, la estabilidad del talento humano y la calidad de la atención.
También implica ejercer vigilancia y control sobre las EPS con el mismo rigor que se exigiría a cualquier otro actor que administre recursos de la salud. En este sentido, su paso del sector gremial al Gobierno representa una oportunidad, pero también un desafío de independencia institucional. No basta con conocer profundamente el modelo de aseguramiento. Es indispensable demostrar que las decisiones se adoptan con criterios técnicos, transparencia y ausencia de privilegios para los actores anteriormente representados. La experiencia gremial puede enriquecer la gestión pública, siempre que no condicione su imparcialidad.
EL TIEMPO DE LOS PACIENTES NO ES EL TIEMPO DE LA POLÍTICA
Existe una diferencia fundamental entre la velocidad de las decisiones gubernamentales y la urgencia de las necesidades clínicas. Para una administración nacional, tres meses pueden representar apenas el comienzo de su gestión, para un paciente con cáncer, una enfermedad huérfana o una condición que requiere tratamiento continuo, tres meses de espera pueden significar deterioro clínico, progresión de la enfermedad o pérdida de oportunidades terapéuticas.
Por eso, la valoración de los primeros resultados del Gobierno no puede quedarse exclusivamente en las explicaciones sobre las dificultades recibidas. Es necesario establecer compromisos medibles y fechas de cumplimiento.
¿Cuánto ha disminuido el tiempo de espera para recibir medicamentos?
¿Cuántos pacientes han recuperado la continuidad de sus tratamientos?
¿Cuánto han disminuido las deudas vencidas con hospitales y clínicas?
¿Qué mejoras concretas han experimentado las instituciones prestadoras en su flujo de caja?
¿Cuántas barreras administrativas han sido eliminadas y cuántas continúan reproduciéndose?
¿Cuál ha sido el impacto real de las medidas en el talento humano que sostiene diariamente la operación del sistema?
Estas preguntas deberían orientar la evaluación pública de la gestión gubernamental.
LA EFICIENCIA QUE CONTINÚA PENDIENTE
La discusión sobre la sostenibilidad financiera del sistema suele concentrarse en dos asuntos: cuánto dinero hace falta y quién debe aportarlo. Sin embargo, existe una tercera dimensión que no puede seguir ignorándose: cuántos recursos se pierden por ineficiencias, reprocesos, fallas administrativas y dificultades de coordinación entre los actores. Cada autorización innecesariamente repetida, cada procedimiento cancelado por deficiencias de programación, cada factura devuelta por errores administrativos y cada medicamento cuya dispensación se interrumpe representan costos que no siempre aparecen claramente en los estados financieros.
Los reprocesos consumen tiempo del talento humano, generan gastos administrativos, retrasan la atención y pueden incrementar los riesgos para los pacientes. Por eso, una transformación verdadera del sistema debe incluir estrategias para identificar, cuantificar y eliminar los costos de la no calidad.
La sostenibilidad tampoco puede construirse exclusivamente mediante la reducción de personal o la presión sobre los prestadores para atender más pacientes con menos recursos. La eficiencia en salud exige mejorar procesos, disminuir actividades innecesarias, fortalecer la coordinación asistencial y garantizar que los recursos disponibles se conviertan efectivamente en servicios oportunos y seguros. Un sistema que reduce sus costos trasladando cargas laborales excesivas a sus trabajadores puede mejorar temporalmente algunos indicadores financieros, pero deteriorar simultáneamente la calidad de la atención.
MÁS ALLÁ DE LA CONFRONTACIÓN POLÍTICA
Sería injusto atribuir al actual Gobierno la totalidad de los problemas estructurales del sistema de salud. Las dificultades financieras, las barreras de acceso, las tensiones contractuales y la fragmentación de los procesos asistenciales se han acumulado durante años; también sería apresurado emitir una conclusión definitiva sobre una administración que apenas se aproxima a sus primeros tres meses, pero reconocer estas circunstancias no significa renunciar a la exigencia de resultados.
La nueva administración llegó al poder con un discurso de recuperación del sistema y con una ministra que conocía buena parte de sus dificultades desde una posición gremial privilegiada. Esa experiencia puede constituir una fortaleza, pero también aumenta las expectativas sobre la capacidad de actuar oportunamente.
El reto de Ana María Vesga consiste en demostrar que el conocimiento acumulado durante su presidencia de ACEMI puede transformarse en decisiones públicas equilibradas, transparentes y efectivas. Y el desafío del presidente Abelardo de la Espriella es lograr que sus compromisos sanitarios trasciendan los anuncios y se reflejen en resultados verificables para los pacientes, los prestadores y los trabajadores de la salud.
ACEMI: ¿POR QUÉ AHORA SE ESCUCHA MENOS LA VOZ DEL GREMIO?
Existe otro interrogante que merece incorporarse al debate nacional sobre la salud: ¿qué ha sucedido con la voz pública de ACEMI después de la llegada de Ana María Vesga al Ministerio de Salud?. Durante el gobierno de Gustavo Petro, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral mantuvo una presencia activa en el debate público. Sus pronunciamientos cuestionaban las decisiones gubernamentales relacionadas con la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la estabilidad financiera de las EPS, las intervenciones administrativas y los riesgos de deterioro del sistema.
Ana María Vesga, entonces presidenta ejecutiva de ACEMI, se convirtió en una de las principales voceras del sector asegurador, advirtiendo reiteradamente sobre los riesgos financieros y las consecuencias que podrían enfrentar los pacientes, las clínicas y los hospitales. Sin embargo, con su llegada al Ministerio de Salud, surge una pregunta legítima: ¿dónde está hoy la voz de ACEMI frente a los problemas que el propio gremio denunciaba meses atrás?
La crisis financiera no desapareció el 7 de agosto de 2026. Las deudas con los prestadores, las dificultades de acceso a medicamentos, las barreras administrativas y las necesidades de financiación tampoco se resolvieron automáticamente con el cambio de Gobierno. Por el contrario, la actual ministra continúa enfrentando las mismas restricciones presupuestales que anteriormente cuestionaba desde su posición gremial.
Ante esta realidad, resulta pertinente preguntarse por qué no se observa, al menos en los pronunciamientos públicos consultados, una participación de ACEMI con la misma visibilidad que caracterizó su actuación durante la administración anterior. Es importante aclarar que esta menor visibilidad no demuestra, por sí sola, que el gremio haya dejado de intervenir en las discusiones técnicas o que exista una decisión deliberada de guardar silencio. Sin embargo, sí justifica exigir información pública sobre su posición actual.
¿La insuficiencia de la UPC dejó de ser una preocupación?
¿Las dificultades financieras de las EPS disminuyeron?
¿Las barreras de acceso se resolvieron?
¿O cambió la intensidad del debate porque ahora quien presidía el gremio dirige el Ministerio de Salud?
Estas preguntas no pretenden desconocer la legitimidad de ACEMI como organización gremial ni cuestionar su derecho a mantener relaciones institucionales con el Gobierno. El asunto central es la coherencia. Si las dificultades del sistema eran suficientemente graves para justificar pronunciamientos reiterados durante el gobierno anterior, deberían continuar siendo motivo de seguimiento, vigilancia y participación técnica durante la administración actual, siempre que persistan las mismas condiciones.
Los gremios tienen derecho a apoyar las decisiones gubernamentales que consideren adecuadas. También tienen la responsabilidad institucional de advertir los riesgos que puedan comprometer a sus afiliados y, especialmente, la atención de los pacientes, pero su credibilidad depende de que los criterios técnicos utilizados para evaluar las políticas sanitarias no cambien según la afinidad o cercanía con quienes ocupan el poder. El actual liderazgo de ACEMI tiene una oportunidad importante para demostrar que su compromiso con la sostenibilidad del sistema trasciende a una administración presidencial.
Sería valioso conocer públicamente su evaluación sobre los primeros meses de gobierno, las necesidades de financiación para 2027, la ejecución del Plan de Choque en Salud, las deudas con los prestadores y las medidas necesarias para mejorar la oportunidad y continuidad asistencial. La independencia de los gremios se demuestra cuando mantienen sus principios técnicos, incluso frente a gobiernos con los que tienen mayor cercanía.
Colombia necesita organizaciones gremiales capaces de reconocer avances, señalar deficiencias, presentar propuestas y exigir resultados, independientemente del partido político que ocupe la Presidencia. La pregunta final es inevitable:
¿ACEMI continuará siendo una voz técnica independiente del sistema de salud o su protagonismo dependerá de quién gobierne Colombia?
La respuesta deberá encontrarse en sus pronunciamientos, sus propuestas y, sobre todo, en la consistencia de sus posiciones frente a las necesidades reales del sistema de salud.